Cuándo conviene contar con un abogado tributarista
La mayoría de los conflictos con Hacienda se deciden mucho antes de llegar a un tribunal: en las alegaciones a una propuesta, en lo que se aporta durante la inspección o en cómo se firma un acta. Le acompañamos en cualquiera de estos momentos:
- Requerimientos y comprobaciones limitadas de la AEAT o de la Agència Tributària Valenciana (arts. 136 a 140 LGT).
- Inicio de una inspección (arts. 141 a 159 LGT): planificación, aportación de documentación y estrategia desde la primera diligencia.
- Propuestas de liquidación y actas: con acuerdo, de conformidad o de disconformidad (arts. 155 a 157 LGT).
- Expedientes sancionadores (arts. 178 a 212 LGT): culpabilidad, motivación y graduación de la sanción.
- Denegación de devoluciones, en especial de IVA.
- Comprobaciones de valores en el ITP, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o el Impuesto sobre el Patrimonio (art. 57 LGT) y tasación pericial contradictoria (art. 135 LGT).
- Derivación de responsabilidad a administradores, socios o sucesores (arts. 41 a 43 LGT), apremios y embargos.
Fase administrativa: donde se gana o se pierde el asunto
En el procedimiento de inspección se fija el relato de los hechos que luego revisarán los tribunales. Por eso intervenimos desde el principio: preparamos la documentación, asistimos a las comparecencias, revisamos cada diligencia antes de firmarla y presentamos alegaciones fundadas en el trámite de audiencia.
El plazo de las actuaciones inspectoras es de 18 meses con carácter general y de 27 meses para obligados con una cifra de negocios superior al umbral de auditoría o integrados en grupos que tributan en consolidación (art. 150.1 LGT). Su incumplimiento afecta a la interrupción de la prescripción y a los intereses de demora.
Acta con acuerdo, de conformidad o de disconformidad. La firma con acuerdo reduce la sanción un 65 % y la conformidad un 30 % (art. 188 LGT). A esas reducciones se suma, en determinados casos, un 40 % adicional por pronto pago (art. 188.3 LGT). Pero cerrar un acuerdo limita después las vías de recurso: antes de decidir, calculamos el coste de cada opción con usted.
Sanciones tributarias
La sanción se tramita en un procedimiento separado (arts. 207 a 212 LGT) y exige que la Administración motive la culpabilidad: no basta con que exista una regularización. Revisamos la motivación, la calificación (leve, grave o muy grave), la base de la sanción y los criterios de graduación, y si hubo una interpretación razonable de la norma (art. 179.2.d LGT).
Recurrida la sanción, su ejecución queda suspendida automáticamente sin necesidad de garantía hasta que sea firme en vía administrativa (art. 212.3 LGT).
Recursos en vía administrativa: reposición y reclamación económico-administrativa
| Recurso | Ante quién | Plazo |
|---|---|---|
| Recurso de reposición (potestativo) | El mismo órgano que dictó el acto (arts. 222 a 225 LGT) | 1 mes |
| Reclamación económico-administrativa | Tribunal Económico-Administrativo Regional: TEAR de la Comunidad Valenciana o de Madrid, según el órgano que dictó el acto (arts. 226 a 249 LGT) | 1 mes |
| Recurso de alzada ordinario | Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), según la cuantía del asunto (art. 241 LGT y art. 36 del Reglamento de revisión, RD 520/2005) | 1 mes |
La reclamación ante el TEAR o el TEAC es gratuita y obligatoria antes de acudir a los tribunales en los tributos del Estado y en los cedidos a la Comunidad Valenciana (Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales, Patrimonio). Si el tribunal no resuelve en un año (art. 240 LGT), puede entenderse desestimada para acceder a la vía judicial.
Mientras se tramita, la ejecución puede suspenderse con garantía (depósito, aval o seguro de caución), con otras garantías o, excepcionalmente, sin ella cuando la ejecución causaría perjuicios de difícil o imposible reparación (art. 233 LGT).
Recurso contencioso-administrativo
Contra la resolución del tribunal económico-administrativo cabe recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses (art. 46.1 LJCA):
- Resoluciones de los TEAR: Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana o de Madrid (art. 10 LJCA).
- Resoluciones del TEAC: Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (disposición adicional cuarta LJCA).
- Recurso de casación ante el Tribunal Supremo cuando el asunto presenta interés casacional objetivo (arts. 86 a 93 LJCA).
En la demanda se pueden pedir medidas cautelares para que no se ejecute la deuda mientras se resuelve (arts. 129 y siguientes LJCA).
Tributos autonómicos y locales en la Comunidad Valenciana
Además de la AEAT, defendemos a nuestros clientes frente a la Agència Tributària Valenciana en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el ITP y AJD y el Impuesto sobre el Patrimonio, incluidas las comprobaciones de valores. Y frente a los ayuntamientos en el IBI, el IAE, la plusvalía municipal (IIVTNU) y las tasas: el recurso de reposición es obligatorio antes de ir a los tribunales (art. 14.2 TRLRHL). En los municipios de gran población, como Valencia, Alicante o Castellón de la Plana, existe además un órgano municipal de reclamaciones económico-administrativas (art. 137 de la Ley de Bases de Régimen Local).
Abogados y economistas en el mismo expediente
Muchas regularizaciones descansan en números: márgenes, valoraciones, operaciones vinculadas, gastos deducibles o reconstrucciones contables. En nuestro despacho el abogado que redacta el recurso trabaja con el economista que analiza la contabilidad y, cuando hace falta, elabora el informe pericial. Esa combinación es la que permite discutir a Hacienda no solo la interpretación de la norma, sino también los hechos y las cifras.
- Diagnóstico: leemos el expediente completo y le decimos con franqueza qué opciones tiene y cuánto cuesta cada una.
- Estrategia: alegar, acordar o recurrir; suspender o pagar; en qué fase y con qué pruebas.
- Ejecución: redactamos y presentamos cada escrito en plazo y le informamos de cada paso.
- Honorarios cerrados por fase, que conoce antes de empezar.